Un tercio de la producción de alimentos se desperdicia, lo que equivale a 1300 millones de toneladas al año, por ello esta ley, en vigor desde enero, sobre desperdicio alimentario tiene como finalidad disminuir esta cifra y promover la economía circular.
Para ello, se definen de forma más precisa los conceptos de pérdida y desperdicio. Se quiere fomentar la donación y redistribución de alimentos, así como sensibilizar, formar e informar. Esta ley pretende analizar las causas y consecuencias del desperdicio de alimentos, reducir las emisiones de gases contaminantes y establecer una jerarquía de prioridades en cuanto al destino de los residuos.
Obligaciones para los agentes de la cadena alimentaria:
Deberán contar con un plan de aplicación para la prevención de pérdidas y desperdicio en base a la jerarquía de propiedades.
- Se debe evitar actuaciones orientadas a dejar alimentos en condiciones no aptas para consumo.
- Deberán promover acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos.
- Los hosteleros y restaurantes deberán facilitar e informar al consumidor de la posibilidad de llevarse, sin coste adicional la comida sobrante en envases reutilizables o reciclables. Indicándolo, preferiblemente en la carta.
Obligaciones para las empresas dedicadas a la distribución y donación de alimentos:
- Garantizar la trazabilidad registrando las entradas y salidas de los alimentos y mantener unas correctas prácticas de higiene.
- Asegurar que el destino de los productos donados sean personas en situación de vulnerabilidad, quedando prohibida su comercialización.
- Vincular la donación de los productos con proyectos que promuevan la inserción sociolaboral de personas vulnerables.
- Fomentar la donación desde una perspectiva comunitaria y de cohesión social.
Desde el gobierno, se fomentarán las buenas prácticas mediante incentivos. Se pondrá en marcha un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario; y se fomentará la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
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